Seguridad con menos libertad o libertad con menos seguridad. La conciliación de estos dos derechos se ha convertido en uno de los principales desafíos para las sociedades democráticas actuales. ¿Dónde se encuentra el equilibrio entre seguridad y libertad?
“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”. Este es el contenido del artículo 17.1 de la Constitución española, que concede a la libertad y a la seguridad el rango de derechos fundamentales. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos les otorga la misma importancia, ya que, según el artículo 3, “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
A pesar de ser dos derechos fundamentales que hay que proteger por igual, el binomio libertad/seguridad es habitual que se plantee como una disyuntiva, es decir, que cuando promueves uno, tienes que sacrificar, con mayor o menor intensidad, el otro.
El dilema entre seguridad y libertad en la sociedad moderna
Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, la lucha contra el terrorismo ha sido la principal razón que ha llevado a muchos países occidentales a promover medidas que han restringido determinadas libertades. Por ejemplo, en Estados Unidos, a causa del 11-S, se promovió la Patriot Act, una ley que, de forma parcial, ha perdurado hasta el 2020, y que fue criticada por permitir la detención indefinida de inmigrantes o el rastreo de llamadas, correos electrónicos y movimientos financieros por parte del FBI sin necesidad de obtener una orden judicial.
Pero no solo el terrorismo tensiona el equilibrio entre seguridad y libertad, sino también los problema de inseguridad que marcan el día a día de muchos municipios. De hecho, el año 2023 fue el peor de la última década en Cataluña con 608.449 delitos (más de 1.600 al día). Esto ha hecho que muchas ciudades empiecen a apostar o refuercen aún más las tecnologías de seguridad en las calles, como es el caso de los sistemas de videovigilancia.
En cambio, las tecnologías de reconocimiento facial son objeto de una regulación más estricta. La Ley de Inteligencia Artificial de la UE (EU AI Act), que vincula a todos los municipios catalanes, prohíbe los sistemas de categorización biométrica basados en datos sensibles y en la captura indiscriminada de imágenes faciales de internet o de grabaciones de cámaras de vigilancia para crear bases de datos de reconocimiento facial, además del reconocimiento de emociones en los lugares de trabajo y escuelas, los sistemas de puntuación ciudadana o la actuación policial predictiva cuando esta se basa únicamente en el perfil de una persona o en la evaluación de sus características.
A pesar de ello, ciudadanos de algunas de las ciudades españolas más pobladas, preguntados por si aceptarían sistemas de reconocimiento facial en sus municipios a cambio de reducir el número de delitos, apoyan de forma mayoritaria este tipo de tecnologías: es el caso de Zaragoza (73,5%), Madrid (72,6%), Barcelona (70,9%) y Bilbao (66,8%), según el estudio Smart City Index 2024 de la escuela de negocios suiza IMD Business School.
“No hemos de perder derechos y libertades para estar seguros, sino que hemos de estar seguros para poder ejercitar nuestros derechos y libertades”, opina Rafael Martínez, doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, en un artículo para la Revista Catalana de Dret Públic. Además, añade que “la seguridad absoluta es inalcanzable” y que recortar derechos fundamentales para lograr seguridad supone convertir el fin (los derechos) en medios y el medio (la seguridad) en el fin último.
En esta línea se expresó Matteo Renzi, ex primer ministro italiano, durante una sesión en el Parlamento Europeo del año 2015 después del atentado en París contra la revista Charlie Hebdo. “La libertad es una condición previa a la seguridad. La seguridad ciudadana no es posible sin libertad en Europa”, afirmó en un discurso que cerraba la presidencia italiana rotatoria del Consejo de la Unión Europea.
“La forma en la que se equilibran estos dos bienes [seguridad y libertad] tendrá mucho que ver con la concepción que tengamos de la seguridad y sobre cuáles son los medios que entendemos que tenemos que usar para garantizarla”, asegura Marta Galceran, investigadora principal del Programa de Ciudades Globales del CIDOB, en un artículo del año 2018. “El deseo de vivir seguros no es nuevo. De hecho, la preocupación por encontrar un equilibrio entre seguridad y libertad es un elemento central de las teorías del contrato social del siglo XVII, en donde encontramos el origen y propósito tanto del estado como de los propios derechos humanos”, añade.
¿Cómo encontrar el equilibrio entre seguridad y libertad en el uso de tecnologías de seguridad ciudadana?
En la adopción de tecnologías de seguridad ciudadana, es obligatorio respetar el marco normativo, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la Ley Orgánica 4/1997 sobre utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos o la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Estas legislaciones imponen, por ejemplo, que los municipios tengan que informar a los ciudadanos sobre la existencia de cámaras y su finalidad con carteles visibles, además de ofrecer la información sobre el coste y los proveedores de estos sistemas, o que las grabaciones no se puedan conservar durante más de treinta días excepto en investigaciones específicas. Por lo tanto, son una garantía de respeto de derechos como la privacidad, la integridad moral, la no discriminación o el propio derecho a la seguridad.
En definitiva, el equilibrio entre seguridad y libertad exige un diálogo constante entre administraciones, empresas y ciudadanía, ya que no es solo un reto legal o tecnológico, sino un debate sobre los valores que definen nuestra sociedad. Tanto la seguridad como la libertad son una condición indispensable para el bienestar colectivo.
En Alphanet somos un proveedor de tecnologías de seguridad ciudadana homologado como empresa de seguridad privada por el Departament d’Interior de la Generalitat de Cataluña. Además, seguimos las normas y principios de interoperabilidad marcados por el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) para ajustar nuestros protocolos, productos, procedimientos y sistemas a los estándares de la Administración pública.
